El documento plantea un Pacto por la Movilidad Sostenible en Canarias que sitúa la movilidad como un derecho ciudadano y a la persona en el centro de las políticas públicas. Defiende consolidar la gratuidad del transporte público, una financiación justa mediante el FECMO y medidas contra la pobreza de transporte. También reclama aprobar la Ley Canaria de Movilidad Sostenible y construir una alianza social e institucional para una movilidad más justa, accesible y sostenible.