El Informe sostiene que en el modelo territorial y de desarrollo que se está definiendo en España existe base jurídica suficiente para afirmar que el Cabildo de Lanzarote no es ajeno a la explotación que se efectúe del aeropuerto y que el Ordenamiento Jurídico Español le otorga competencias para poder colaborar en la definición de la gestión del aeropuerto y para que su voz sea escuchada en defensa de los intereses que debe gestionar.